El panorama jurídico del cantante de vallenato Nelson Velásquez se ha tornado complejo tras la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador busca esclarecer las irregularidades detrás de su reciente concierto privado en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, un evento que ha desatado un escándalo nacional por las condiciones en que se llevó a cabo. El foco de la investigación: Enriquecimiento ilícito La línea principal de la indagación se centra en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Las autoridades judiciales intentan rastrear el origen y la ruta de los fondos utilizados para pagar los honorarios del artista, que se estiman en 100 millones de pesos. Dado que el evento fue organizado presuntamente por cabecillas de estructuras criminales recluidos en dicho penal, la Fiscalía sospecha que el pago pudo provenir de actividades de finanzas ilegales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vallenatisimo (@vallenatisimocol) Irregularidades y logística «VIP» Las evidencias recolectadas, que incluyen videos de cámaras de seguridad y registros internos, revelan que la presentación del 8 de abril de 2026 no fue un acto improvisado. La logística habría incluido: El ingreso de 16 vehículos de alta gama y diversas personas ajenas al centro penitenciario sin los controles habituales. El montaje de una tarima profesional, sistemas de sonido y el ingreso de licor de alto costo y comida tipo banquete (incluyendo asadores y barriles ahumadores). La presunta falta de autorizaciones por parte del INPEC, lo que ha derivado en una segunda línea de investigación por prevaricato por omisión contra los funcionarios que permitieron el acceso del equipo musical. La defensa del artista Álex Eduardo Díaz, mánager de Nelson Velásquez, defendió al artista al afirmar que este solo cumplió con un contrato de prestación de servicios musicales. Díaz enfatizó que la labor del cantante consiste en presentarse en cualquier escenario donde lo contraten, desligándolo así de la logística interna del penal. Según su versión, no se realizaron indagaciones profundas sobre la legalidad de los permisos de ingreso, asumiendo que el acceso al penal contaba con el aval institucional necesario. Consecuencias institucionales Este incidente ya ha generado los primeros «remezones» administrativos, incluyendo la salida del director del centro penitenciario La Paz en Itagüí. Además, la gravedad de lo ocurrido provocó la suspensión temporal de los diálogos de paz que el Gobierno Nacional adelantaba con algunos de los jefes de bandas delincuenciales que participaron en el festejo. Navegación de entradas Alex Manga revela por qué ahora se hace llamar el ‘Presidente del vallenato’ y aclara polémicas del pasado A nueve años de su partida, Martín Elías vive en la memoria y el folclor
